PLAZOS Y PAUTAS A SEGUIR EN UN PROCESO ELECTORAL NACIONAL, AUTONÓMICO Y LOCAL. NORMATIVA VIGENTE.

 

INTRODUCCIÓN

Al Ministerio del Interior le corresponde la preparación y ejecución de la política del Gobierno en relación con la promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, en los términos establecidos en la Constitución Española y en las Leyes que los desarrollen.

Es la Dirección General de Política Interior, dependiente de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, la que tiene encomendadas, entre otras, las siguientes funciones:

-La gestión de las competencias del Ministerio del Interior respecto a los procesos electorales y a las consultas directas al electorado.

-La dirección y coordinación de los desarrollos informáticos y de comunicaciones para la modernización de la gestión de los procesos electorales.

-El mantenimiento de las relaciones necesarias con la Administración Electoral y, en particular, con la Junta Electoral Central.

-La gestión de las relaciones con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en materia electoral.

-La coordinación con las Unidades dependientes de otros Ministerios con competencias en materia electoral.

-El Registro y la aplicación del régimen jurídico de los Partidos Políticos.

-La gestión de las subvenciones estatales anuales y de las subvenciones por gastos electorales de las formaciones políticas, en los términos establecidos en la legislación vigente.

Además del Ministerio del Interior, participan activamente el Ministerio de Economía y Competitividad (del que depende la Oficina del Censo Electoral), el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (en todo lo relativo al ejercicio del derecho de sufragio de los ciudadanos españoles en el exterior), el Ministerio de Defensa facilitando el voto al Personal de las Fuerzas Armadas, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. (para el ejercicio del voto por Correo), así como las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y los Ayuntamientos.

También la Vicepresidencia del Gobierno que través de la Secretaría de Estado de Comunicación desempeña importantes funciones en el proceso electoral (relaciones con los medios de comunicación, ruedas de prensa el día de las elecciones, etc).

 

PROCESO ELECTORAL NACIONAL

El primer acto del procedimiento electoral es la convocatoria de las elecciones. Esta es una facultad del jefe del estado a propuesta del gobierno a través de un real decreto que señala la fecha de convocatoria de las elecciones que va a ser siempre 54 días después de la publicación del real decreto.

– Convocatoria de elecciones: tipos

En la primera de ella hay reales decretos de convocatoria antes de que finalice el mandato de las cortes generales y por tanto supuestos de disolución anticipada lo que exige que el real decreto de disolución de las cámaras convoque las nuevas elecciones.

En la segunda se da el real decreto de convocatoria por expiración por mandato de las cámaras. En este caso este real decreto de convocatoria tiene que expedirse 25 días antes de que termine el mandato.

El segundo acto es el nombramiento de los representantes de las candidaturas ante las juntas provinciales y ante la junta electoral central. Dentro de este acto también esta el nombramiento de los administradores de candidaturas que van a responder de los ingresos y de los gastos de cada una de las candidaturas.

El tercer acto es el acto de presentación y proclamación de candidatos. El artículo 23 de la Constitución establece que todo ciudadano tienen derecho a participar en asuntos públicos siendo elegidos representantes, por tanto los titulares del derecho de sufragio son los candidatos, son las personas físicas no los partidos políticos. Sin embargo los partidos políticos cumplen una función trascendental en la presentación de los candidatos. El artículo 6 establece que los partidos políticos son el instrumento fundamental de la participación política y concurren a la formación y a la manifestación de la voluntad popular. Por tanto los partidos políticos tienen derecho a presentar candidatos a las elecciones pero tiene que ser partidos políticos que estén inscritos en el registro correspondiente del ministerio del interior o coaliciones de partidos políticos. Por tanto la inscripción registral es un requisito administrativo inexcusable para poder presentar candidaturas. El artículo 6 también exige que el funcionamiento de los partidos políticos y su estructura interna sea democrática.

– La designación de los candidatos se hace mediante un procedimiento de primarias

Los partidos sean asignados por los comités electorales que son designados por los congresos de los partidos que son órganos democráticos.

Además de los partidos políticos tienen derecho a presentar candidatos a las elecciones las agrupaciones de electores que tienen que disponer de el 1% de las firmas de las personas censadas en la circunscripción.

En esta etapa de nombramiento hay que respetar dos elementos fundamentales, que los candidatos no caigan en ningún supuesto de inelegibilidad, artículo 70.

Hay un primer supuesto determinado en el artículo 70 que es el supuesto de inelegibilidad en que concurren las personas que ocupan algunos cargos públicos como son los magistrados del tribunal constitucional, el defensor del pueblo, los miembros del poder judicial, los miembros de las fuerzas armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y los miembros de las juntas electorales. Además la ley orgánica de régimen general ha extendido la inelegibilidad a otros cargos de la administración. Otro gran supuesto de inelegibilidad es por condena judicial, bien por sentencia firme a pena privativa de libertad y un segundo supuesto por los condenados por delitos de rebelión o terrorismo siempre que la inevilitación para el sufragio este prevista en la sentencia judicial.

Cuando en esta fase un candidato es inelegible se tiene que cumplir las exigencias de composición equilibrada en las candidaturas de hombres y mujeres, lo que fue impuesto en la ley orgánica 3/2007 o ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Esta le exige que cada uno de los sexos disponga al menos del 40% de los candidatos tanto de toda la lista como de cada uno de los tramos de cinco puestos. Esto es una decisión del legislador para garantizar la igualdad promocional real y efectiva que se encuentra prevista en el artículo 9.2 de la Constitución.

– La campaña electoral

Esta puede ser definida como la actividad para pedir el voto de los candidatos de los partidos de las agrupaciones. La campaña electoral dura 15 días y termina con la jornada de reflexión que es el día anterior a las elecciones.

Hay que diferenciar la campaña electoral de la precampaña. La precampaña es el periodo de tiempo que va desde que se publica el decreto de convocatoria hasta que comienza la campaña electoral, y en ella no se podrá pedir el voto.

Hay que diferenciar la campaña electoral de la campaña constitucional que es la campaña que hace el ministerio del interior para fomentar la participación en la elecciones informando del día de las elecciones y de los plazos para pedir el voto por correo.

Es fundamental que esta sea una campaña neutral. El lema de la campaña constitucional no debe coincidir con el lema de un partido político.

Un elemento fundamental de las campañas electorales es que las candidaturas y los partidos políticos se benefician de un conjunto de ayudas de los poderes públicos.

– Ayudas que dan los poderes públicos durante la campaña

Se permite o facilita el uso de espacios y de lugares públicos para los actos de campaña.

En segundo lugar se facilita la inserción gratuita de espacios de publicidad electoral en la radio y la televisión pública. La constitución de estos espacios de publicidad se hace en virtud de un criterio proporcional que se obtiene a partir de los votos de los partidos políticos con representación parlamentaria. A más escaños, más votos, más posibilidades de publicidad. En todo caso para evitar que no se cierre el sistema político a los partidos que ya están en el parlamento se da un espacio mínimo de 10 minutos a los otros partidos. Además es fundamental que durante la campaña electoral los medios de comunicación social públicos, la radio y las televisiones públicas respeten un estricto principio de neutralidad que se encuentra previsto ya en el artículo 20.3 de la Constitución y en la ley 17/2006 de radio y televisión pública. Esto afecta especialmente a los informativos, en general los medios de comunicación publican deben ser neutrales, en cambio la posición de los medios de comunicación privados son diferentes de los medio públicos ya que estos tienen libertad ideológica y pueden ser empresas ideológicas y ejercen la libertad de impresión. Sin embargo durante el periodo electoral las televisiones privadas están sometidas también al control de la junta electoral especialmente en los relativo a los debates electorales. Y también sometidos a los actos de los tribunales. Las prensa y la radio privadas se rigen por el principio de no discriminación ni en la ley ni en las tarifas de la ubicación ni en el decisión de si o no inclusión. En cambio los partidos políticos se rigen por el principio de libre contratación. La televisión pública neutralidad siempre, la privada neutralidad ideológica. Radio y prensa privada principio de no discriminación.

La televisión privada y en general cualquier medio privado no tienen que ser neutrales.

– La votación

Es el acto que más claramente materializa que la soberanía le corresponde al pueblo y que es el pueblo el que elige a los representantes. Es un acto donde se ejercita el derecho de sufragio y por tanto se ejerce un derecho fundamental por las personas titulares del derecho de sufragio activo. Se garantiza que el sufragio es universal, libre, igual, directo y secreto (art. 68.1 y art. 69.2). Para garantizar esto se produce la presencia de la administración electoral a través de la mesa electoral y también la presencia de los interventores y de los apoderados de las candidaturas de los distintos partidos políticos.

La mesa electoral garantiza que la persona está inscrita en el censo y tenga derecho de sufragio activo y que éstas no voten dos veces.

Dos tipos de voto: Voto presencial y el voto por correo.

El voto presencia es el voto personal que cada elector introduce en la urna mientras que el voto por correo permite el derecho de sufragio a las personas que no pueden personarse ese día de manera presencial ante la mesa electoral.

La LOREG pone ejemplos referidos a las personas embarcadas o miembros de fuerzas armadas y a fuerzas de seguridad del estado. Estas personas tienen que solicitar de manera expresa el voto por correo en el plazo correspondiente. Aparte el voto por correo también lo ejercen los ciudadanos inscritos en el censo de residentes ausentes que viven en el extranjero. Estas personas a diferencia de las anteriores reciben de oficio por parte de la administración las papeletas y los sobres para ejercer el voto por correspondencia. En virtud del artículo 68.5 el Estado se encuentra obligado a facilitar el voto a los españoles que se encuentran fuera de España. Además estas personas, estos ciudadanos ausentes, tienen la opción de votar de manera presencial en los consulados. En ambos tipos de votos el voto tiene que ser universal, libre, igual, directo y secreto. En el voto presencial se garantiza que el voto sea libre y directo a través de la identificación presencial ante la mesa electoral. Se garantiza el carácter secreto del voto con la presencia de las cabinas electorales y el respeto al principio de igualdad con la presencia de todas las papeletas. En el voto por correo o correspondencia la identificación del elector, la garantía de que el voto es libre lo garantiza la empresa pública Correos que es responsable el servicio postal universal. El carácter secreto del voto por correspondencia se garantiza separando la identificación del elector con el sobre que contiene la papeleta del sufragio.

– Problemas que plantea el voto electrónico

Este puede ser de dos modalidades, la primera sería una identificación presencial ante la mesa electoral y un voto electrónico en la mesa electoral. Otra modalidad es el voto electrónico en el domicilio, que tiene más dificultades en relación a la libertad y con que el voto sea directo. Además en el voto electrónico a domicilio existen problemas para garantizar el carácter secreto del voto. Mientras que muchas relaciones con la administración la información personal es confidencial para terceros y no para la administración (ejemplo: las comunicaciones de declaración del impuesto de personas físicas por vía electrónica). En el voto electrónico la administración solo puede identificar al titular pero no puede conocer el contenido del sufragio lo que puede afectar a su carácter secreto. Aparte en general las dos modalidades de voto electrónico a domicilio o en la mesa electoral pueden plantear problemas de confianza de los ciudadanos en los resultados electorales además de las dificultades relacionadas con la seguridad y con la disponibilidad de la información. Esto hace que en general los medios electrónicos se utilicen únicamente para la configuración del censo electoral y para el proceso de recuento. Las dificultades que plantea el voto electrónico no deben obstaculizar la participación social por medios electrónicos en las decisiones relativas a la gestión de los servicios públicos o en los sistemas electrónicos de sugerencias y de reclamaciones.

 

PROCESO ELECTORAL AUTONÓMICO

A diferencia de lo que sucede en la Constitución, los Estatutos de Autonomíano disponen de una completa regulación electoral, y suelen contener en un solo precepto las normas relativas a la composición y duración de la Legislatura, el sistema electoral y la fórmula electoral, la naturaleza de la circunscripción, la convocatoria de las elecciones e, incluso en ocasiones, la barrera electoral. De esta forma, respetando los preceptos de aplicación directa de la LOREG, los Estatutos de Autonomía han tratado de configurar un régimen electoral propio. Sin embargo, ya desde su mismo inicio estatutario, se puede observar que el régimen electoral autonómico es fiel reproducción del régimen electoral general. Por ello, E.Arnaldo ha escrito que el procedimiento electoral autonómico es «prácticamente uniforme y reproductivo» del procedimiento en el Estado, consecuencia de «un cierto conformismo en una materia poco proclive a la experimentación y más apta para el reproductivismo8».

En cualquier caso, las normas electorales estatutarias son muy variadas, y conviene su sistematización para comprobar que no dejan de ser sino reiteraciones de la norma estatal.Dentro del régimen electoral,todos los Estatutos de Autonomía incluyen la disposición del número exacto de parlamentarios o del procedimiento para determinarlos.

Por su lado, algunos Estatutos de Autonomía incluyen disposiciones de carácter general en materia electoral. Un ejemplo de ello es el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que dispone en su artículo 56 que «el sistema electora es de representación proporcional y debe asegurar la representación adecuada de todas las zonas del territorio de Cataluña». Esta fórmula, obvio es recordarlo, recibe la influencia del artículo 152 de la Constitución y repiten también varios Estatutos de Autonomía. De forma general, los Estatutos suelen disponer, también, que la respectiva Asamblea estará «constituida por Diputados y Diputadas elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto y de acuerdo con un sistema proporcional», disponiendo, además, que la circunscripción electoral será la provincia. Pero hay algún Estatuto convocación aún más general, cuasi-constitucional, que efectúa otras declaraciones que, por ser reiterativas, no dejan de ser significativas. Otro Estatuto de Autonomía se atreve a definir, incluso, la materia electoral; como el artículo 105.1 Estatuto de Autonomía de Andalucía, que dispone, al regular la reserva de Ley, que ésta «regulará la convocatoria de elecciones, el procedimiento electoral, el sistema electoral y la fórmula de atribución de escaños, las causas de inelegibilidad e incompatibilidad para las elecciones al Parlamento de Andalucía, así como las subvenciones y gastos electorales y el control de los mismos». Como se ve, las declaraciones estatutarias son numerosas, aunque rara vez se escapen del modelo estatal.

CIRCUNSCRIPCION

La circunscripción es la unidad territorial en la que los votos emitidos son traducidos en escaños y asignados posteriormente a una candidatura, con independencia de los votos emitidos en otras unidades territoriales. De la circunscripción se ha discutido sobre muchos aspectos, pero es su tamaño un elemento que impone una desproporcionalidad importante en España. E. de Alba ha señalado, en relación con las consecuencias de la magnitud del distrito electoral, que «la importancia de esta variable electoral es digna de tener muy en cuenta, ya que el tamaño de la circunscripción… entendiendo el tamaño como número de escaños a elegir, podrá condicionar en algún modo el funcionamiento de una concreta fórmula electoral, y por extensión puede tener efectos en la influencia de la representación política 21». Por eso, el problema de la circunscripción electoral ha sido objeto de discusión, más o menos agria en términos académicos, en diversos momentos. No se olvide que, por ejemplo, en la Comunidad de Cataluña es uno de los motivos (quizá el principal) por los que no se ha aprobado Ley electoral hasta la fecha. En este sentido, la cuestión de la circunscripción o distrito es, obviamente, diferente si estamos en una Comunidad Autónoma uniprovincial o no, o si se estudia el régimen de una Comunidad insular. Pero no todo merece una crítica negativa ni todo son malas noticias:se ha conseguido la ventaja de la estabilidad y de dificultar alguna tentación de gerrymandering, aunque cuente con el inconveniente de petrificar la solución a la cuestión de la circunscripción que podría tener otras posibilidades de desarrollo.

 

PROCESO ELECTORAL LOCAL

Elecciones Locales

Cada Entidad cuenta con un instituto electoral local y son autoridades diferentes al INE.

Estos órganos se encargan de la organización de las elecciones

  • Gobernadores
  • Diputados locales
  • Presidentes municipales
  • Integrantes de ayuntamientos
  • Jefes delegacionales
  • Jefe de gobierno
  • Entre otros.

 

Unas elecciones locales son las que se realizan en una ciudad, es decir en lugares pequeños. Casi siempre estas elecciones tienen un índice de participación muy bajo.

Como todas las elecciones, éstas se celebran para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de elegir a su representante en el gobierno. Cada cuatro años se vuelven a celebrar por si existe algún desacuerdo con el que se encuentra en el poder actualmente tengas la oportunidad de cambiarlo o si en realidad sigues de acuerdo con su mentalidad y también con sus acciones puedas volver a votarlo para que siga en el poder.

En esta elecciones como en cualquiera solo pueden votar los mayores de 18 años. Cada uno tiene asignado un centro o lugar donde debe ir a votar por el censo electoral local. En cada centro debe haber un presidente de mesa y dos vocales:

  • Los vocalesson los que comprueban el DNI de los votantes y lo tachan de la lista de votantes.
  • El jefe de mesaes el que controla este proceso y es el encargado de llevarlos luego al juzgado.

La persona poseedora de dichos cargos está obligada a ejercerlos, excepto en caso de enfermedad o algún problema grave. También se nombran un suplente por cargo por si alguno no puede venir. A las ocho de la tarde terminan las votaciones y ya nadie puede votar. Luego se hace el recuento y una vez terminado el jefe de cada mesa es el encargado de llevar los resultados al juzgado. Allí es donde les dan el visto bueno.

Los ciudadanos particulares, al margen de partidos, federaciones o coaliciones, pueden presentar candidaturas a las elecciones mediante las llamadas “agrupaciones de electores”, que son formaciones políticas que se constituyen con el aval de un número variable de firmas de electores con la exclusiva finalidad de poder presentar una candidatura en un proceso electoral concreto y para una circunscripción determinada. Por ello, deben recogerse firmas y formalizarse para cada proceso electoral.

Cada candidatura propuesta por una agrupación de electores es independiente de cualquier otra, y su ámbito ha de ser el de la circunscripción electoral para la que se presenta, sin que sea posible una candidatura colectiva extensiva a más de una circunscripción. La prohibición de constituir federaciones de agrupaciones de electores viene dada para evitar que se constituya en una vía anómala de constitución de partidos políticos, al margen de la legislación vigente. Sólo pueden federarse a efectos de la distribución de espacios gratuitos de propaganda.

Para las elecciones municipales, necesitan un número de firmas según un baremo.

La recogida de las firmas debe iniciarse una vez hecha la convocatoria electoral, no antes.

Los requisitos necesarios para la validez de las firmas son los que figuran en el RD 563/1993, de 16 de abril, por el que se dictan normas reguladoras de los procesos electorales, junto con la firma del elector .Los datos de referencia son nombre y apellidos, número del DNI, fecha de nacimiento y Municipio de residencia.

El documento en el que se recojan las firmas necesarias para la presentación de una agrupación de electores debe contener, al lado de cada una de las firmas, el nombre y apellidos del elector y el número, lugar de expedición y fecha del DNI.

La identidad de los firmantes habrá de acreditarse mediante acta notarial o por el Secretario de la Corporación municipal, quienes dan fe de la autenticidad de las firmas o identidades. A estos efectos, se exige la comparecencia personal de los firmantes ante dichos fedatarios.

Los electores firmantes sí deben estar inscritos en el censo electoral del municipio.

Los impresos para la recogida de firmas son proporcionados por la Junta Electoral de Zona, aunque cabe la utilización de otros impresos siempre que contengan los datos requeridos.

La agrupación de electores queda formalmente constituida con la presentación de la candidatura ante la Administración Electoral, no necesitando ser registrada como asociación.

Su personalidad jurídica se entiende a los solos efectos de promover una candidatura para un proceso electoral y actos subsiguientes, si bien, en orden al cumplimiento de la normativa electoral y en particular, desde un punto de vista contable-fiscal, en relación con las reglas de ingresos y gastos, han de instar de la correspondiente Delegación de Hacienda la obtención del NIF. Las agrupaciones no tienen derecho a percibir adelantos de subvención electoral.

En el debate de la Ley de Partidos Políticos, en el año 2002 se añadió un nuevo párrafo al artículo 44 de la LOREG para evitar que presenten candidaturas “las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido”. Por ello, se examina “la similitud sustancial de sus estructuras, organización y funcionamiento de las personas que los componen, rigen, representan o administran las candidaturas, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión.”

Cada elector sólo podrá avalar una candidatura.

La agrupación de electores puede optar por la denominación que estime conveniente, siempre que “no induzca a confusión con los pertenecientes o usados tradicionalmente por otros partidos” (art. 46.4)

Es potestativa la inclusión de símbolos y siglas para las agrupaciones. Carecen del derecho de percibir adelantos de subvenciones electorales.

En las elecciones municipales, los promotores de las agrupaciones designan los administradores de sus candidaturas ante la Junta Electoral Provincial dentro de los dos días siguientes a la presentación de la candidatura.

 

NORMATIVA VIGENTE QUE REGULA LOS REGÍMENES ELECTORAL

PREÁMBULO

La presente Ley Orgánica del Régimen Electoral General pretende lograr un marco estable para que las decisiones políticas en las que se refleja el derecho de sufragio se realicen en plena libertad. Este es, sin duda, el objetivo esencial en el que se debe enmarcar toda Ley Electoral de una democracia.

Nos encontramos ante el desarrollo de una de las normas fundamentales de un Estado democrático, en tanto que sólo nos podemos afirmar en democracia cuando el pueblo puede libremente constituir la decisión mayoritaria de los asuntos de Gobierno.

La Constitución Española se inscribe, de forma inequívoca, entre las constituciones democráticas más avanzadas del mundo occidental, y por ello establece las bases de un mecanismo que hace posible, dentro de la plena garantía del resto de las libertades políticas, la alternativa en el poder de las distintas opciones derivadas del pluralismo político de nuestra sociedad.

Estos principios tienen su plasmación en una norma como la presente que articula el procedimiento de emanación de la voluntad mayoritaria del pueblo en las diversas instancias representativas en las que se articula el Estado español.

En este sentido, el artículo 81 de la Constitución establece la necesidad de que las Cortes Generales aprueben con carácter de orgánica, una Ley que regule el régimen electoral general.

Ello plantea, de un lado, la necesidad de dotar de un tratamiento unificado y global al variado conjunto de materias comprendidas bajo el epígrafe constitucional «Ley Electoral General» así como regular las especificidades de cada uno de los procesos electorales en el ámbito de las competencias del Estado.

Todo este orden de cuestiones requiere en primer término, aprobar la normativa que sustituya al vigente Real Decreto-ley de 1977, que ha cubierto adecuadamente una primera etapa de la transición democrática de nuestro país. No obstante, esta sustitución no es en modo alguno radical, debido a que el propio texto constitucional acogió los elementos esenciales del sistema electoral contenidos en el Real Decreto-ley.

En segundo lugar la presente Ley Orgánica recoge normativa electoral sectorial ya aprobada por las Cámaras, así en lo relativo al régimen de elecciones locales se sigue en lo fundamental el régimen vigente regulado en la Ley 39/1978, y modificado por la Ley 6/1983 en la presente legislatura. De la misma forma las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y Senadores que introduce la Ley son las ya previstas en el Proyecto de Ley Orgánica de Incompatibilidades de Diputados y Senadores, sobre el que las Cámaras tuvieron ocasión de pronunciarse durante la presente legislatura.

Por último el nuevo texto electoral aborda este planteamiento conjunto desde la experiencia de un proceso democrático en marcha desde 1977, aportando las mejoras técnicas que sean necesarias para cubrir los vacíos que se han revelado con el asentamiento de nuestras instituciones representativas.

La Ley parte, por lo tanto, de esa doble filosofía; pretende cumplir un imperativo constitucional inaplazable, y lo pretende hacer desde la globalidad que la propia Constitución impone.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General está estructurada precisamente para el cumplimiento de ambos fines. En ella se plantea una división fundamental entre disposiciones generales para toda elección por sufragio universal directo y de aplicación en todo proceso electoral y normas que se refieren a los diferentes tipos de elecciones políticas y son una modulación de los principios generales a las peculiaridades propias de los procesos electorales que el Estado debe regular.

La Constitución impone al Estado, por una parte, el desarrollo del artículo 23, que afecta a uno de los derechos fundamentales en la realización de un Estado de Derecho: la regulación del sufragio activo y pasivo para todos los ciudadanos; pero, además, el artículo 81 de la Constitución, al imponer una Ley Orgánica del Régimen Electoral General, amplía el campo de actuación que debe cubrir el Estado, esto es, hace necesaria su actividad más allá de lo que es mera garantía del derecho de sufragio, ya que, como ha declarado el Tribunal Constitucional, bajo ese epígrafe hay que entender lo que es primario y nuclear en el régimen electoral.

Además, el Estado tiene la competencia exclusiva, según el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, para regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales, derechos entre los que figura el de sufragio comprendido en el artículo 23 de la Constitución.

La filosofía de la Ley parte del más escrupuloso respeto a las competencias autonómicas, diseñando un sistema que permita no sólo su desarrollo, sino incluso su modificación o sustitución en muchos de sus extremos por la actividad legislativa de las Comunidades Autónomas.

El título preliminar con el que se abre este texto normativo delimita su ámbito, en aplicación de la filosofía ya expuesta.

El Título I abarca, bajo el epígrafe «Disposiciones comunes para las elecciones por sufragio universal directo» un conjunto de capítulos que se refieren en primer lugar al desarrollo directo del artículo 23 de la Constitución, como son los capítulos primero y segundo que regulan el derecho de sufragio activo y pasivo. En segundo término, regula materias que son contenido primario del régimen electoral, como algunos aspectos de procedimiento electoral. Finalmente, se refiere a los delitos electorales. La regulación contenida en este Título es, sin duda, el núcleo central de la Ley, punto de referencia del resto de su contenido y presupuesto de la actuación legislativa de las Comunidades Autónomas.

Las novedades que se pueden destacar en este Título son entre otras el sistema del Censo Electoral, la ordenación de los gastos y subvenciones electorales y su procedimiento de control y las garantías judiciales para hacer eficaz el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo.

El Título II contiene las disposiciones especiales para la elección de Diputados y Senadores. En él se recogen escrupulosamente los principios consagrados en la Constitución: la circunscripción electoral provincial y su representación mínima inicial, el sistema de representación proporcional y el sistema de inelegibilidades e incompatibilidades de los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado.

Sobre estas premisas constitucionales, recogidas también en el Decreto-ley de 1977 la Ley trata de introducir mejoras técnicas y correcciones que redunden en un mejor funcionamiento del sistema en su conjunto.

El Título III regula las disposiciones especiales para las elecciones municipales. En él se han recogido el contenido de la Ley 39/1978, y las modificaciones aportadas por la Ley 6/1983, aunque se han introducido algunos elementos nuevos como el que se refiere a la posibilidad y el procedimiento de la destitución de los Alcaldes por los Concejales, posibilidad ya consagrada por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Los Títulos IV y V se refieren a la elección de los Cabildos Insulares canarios y de las Diputaciones Provinciales, y en ellos se ha mantenido el sistema vigente.

Un sistema electoral en un Estado democrático debe garantizar, como elemento nuclear del mismo, la libre expresión de la soberanía popular y esta libertad genérica se rodea hoy día de otro conjunto de libertades, como la libertad de expresión, de información, de reunión, de asociación, etcétera. Por ello, el efecto inmediato de esta Ley no puede ser otro que el de reforzar las libertades antes descritas, impidiendo que aquellos obstáculos que puedan derivarse de la estructura de una sociedad, transciendan al momento máximo de ejercicio de la libertad política.

El marco de la libertad en el acceso a la participación política diseñado en esta Ley es un hito irrenunciable de nuestra historia y el signo más evidente de nuestra convivencia democrática.

 

BIBLIOGRAFÍA

España. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Boletín Oficial del Estado, 20 de junio de 1985, núm. 17, pp: 1986-1478 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-11672  [Consulta: 20 de octubre de 2016]

García de Tiedra, Javier “El procedimiento electoral”  Centro Virtual Derecho en red http://www.derechoconstitucional.es/2012/03/el-procedimiento-electoral.html  [Consulta: 20 de octubre de 2016]

Gobierno de España, ministerio del interior. “La gestión del proceso electoral” http://www.infoelectoral.mir.es/web/guest/la-gestion-del-proceso-electoral [Consulta: 20 de octubre de 2016]

Gobierno de España, ministerio del interior. “Locales electorales y mesas electorales accesibleshttp://www.infoelectoral.mir.es/locales-electorales-y-mesas-electorales-accesibles [Consulta: 20 de octubre de 2016]

Instituto Nacional Electoral, (INE) “¿Qué son las elecciones locales?” http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estados/EleccionesLocales/  [Consulta: 20 de octubre de 2016]

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del régimen electoral general. Junta electoral central. http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/loreg   [Consulta: 20 de octubre de 2016]

Oliver Araujo, Joan. “Los sistemas lectorales autonómicos” (pp: 50-82) http://www.gencat.cat/drep/iea/pdfs/ctA_15.pdf  [Consulta: 20 de octubre de 2016]

Portal Electoral, “Pasos para organzar agrupaciones de electores en las elecciones municipales”  http://www.portalelectoral.com/content/view/943/165/ [Consulta: 20 de octubre de 2016]

Sanz Pérez, Ángel Luis. “El sistema electoral en las Comunidades Autónomas: la economía normativa exagerada”  (pp: 172-179) https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/628/R.17.%2520Angel%2520Luis%2520Sanz%2520Perez.pdf?sequence=1  [Consulta: 20 de octubre de 2016]

 

 

 

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Una respuesta a PLAZOS Y PAUTAS A SEGUIR EN UN PROCESO ELECTORAL NACIONAL, AUTONÓMICO Y LOCAL. NORMATIVA VIGENTE.

  1. profa dijo:

    Introducción, copiado de Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, e non entendo a razón de que apareza aquí. E despois sigue copiado e pegado de: https://materiagrissite.wordpress.com/page/3/. Non é unha explicación, que era o que se pedía. Para reproducir esta información só se necesitaba a URL.

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